Mientras Colombia atraviesa por una emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, en el municipio de Puerto Escondido, Córdoba, bajo el amparo de la urgencia manifiesta, contrataron por dos días personal médico que cobró varios millones de pesos, pero adicionalmente, ni siquiera se especificó a qué población había que atender.
En Arauca, el contrato superó los $4.400 millones para comprar y entregar kits de ayuda alimentaria a la población afectada por la emergencia sanitaria del coronavirus, un contrato que para la Contraloría se calcula tiene un presunto sobrecosto del 31% en la diferencia por kit vs. la propuesta.
En Ocaña, Norte de Santander, el órgano de control descubrió, que en un contrato para comprar 100 galones de alcohol antibacterial, se adquirió cada unidad a $113 mil cuando su precio normal es de $38 mil.
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Los sobrecostos en el kit de ayuda alimentaria llegaron hasta las gobernaciones de Arauca, Casanare, Guaviare y Valle, y municipios como La Palma (Cundinamarca), Acacías y Puerto Gaitán (Meta) y La Unión (Valle).
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